Las irregularidades en los contratos de emergencia para la adquisición de mascarillas quirúrgicas son una constante en los titulares en todo el Estado español. La reciente detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto a otros altos cargos y personal relacionado, ha reavivado las sospechas sobre la transparencia y la ética en la gestión de fondos públicos, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Esta investigación, que se remonta a 2020, pone de manifiesto un posible entramado de comisiones ilegales y el uso de procedimientos de emergencia para beneficiar a empresas afines.
El Origen de la Investigación: La Operación Lúa y el Caso Liria
La causa que ha culminado con las detenciones más recientes tiene sus raíces en una investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona en 2020, denominada por los efectivos de la UCO como Operación Lúa. Esta operación buscaba esclarecer las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. En el marco de esta investigación, se produjeron detenciones en distintas provincias, incluyendo Almería.
Fue la detención del entonces vicepresidente tercero de la Diputación almeriense, Óscar Liria, responsable de Urbanismo, lo que propició el inicio de la investigación por parte de la justicia almeriense, a través del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería. El juzgado barcelonés había solicitado en 2021 el ingreso en prisión provisional para Liria por los presuntos delitos de blanqueo, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal, aunque esta pena no llegó a ejecutarse.
Durante la detención de Liria, los agentes encontraron en su domicilio 30 mil euros en metálico y sorprendieron a dos de sus familiares con más de 120 mil euros que se asocian a las supuestas comisiones ("mordidas") de los contratos de material sanitario. En su declaración ante el juez instructor de la causa almeriense en marzo de 2025, Liria expuso que ese dinero procedía de "ahorros".
La Ampliación del Foco: Nuevas Detenciones y Contratos Millonarios
Las nuevas detenciones apuntan a la participación en estas presuntas comisiones del actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, del vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. La investigación policial estima que los contratos bajo sospecha, en los que se habrían producido estas supuestas mordidas, ascienden a unos dos millones de euros.
Específicamente, el contrato que investigan desde la UCO y que ha motivado estas detenciones es el emitido por la Diputación de Almería en 2020 a la empresa Azor Corporate Iberica S.L. bajo la denominación de "Contrato de suministro de mascarillas, guantes y monos para atender las necesidades derivadas de la protección de personas frente al covid-19 mediante tramitación de emergencia". La investigación sugiere que las comisiones podrían haber alcanzado los 400 mil euros, repartidos entre las personas implicadas.
El Vínculo Empresarial y las Empresas Bajo la Lupa
La relación de Óscar Liria con Azor Corporate Iberica S.L. se explica por el vínculo que el dirigente mantenía desde la infancia con el CEO de la empresa, Kilian López. Durante su declaración en la instrucción del caso, López insistió en que los beneficios obtenidos por estos contratos son "beneficios empresariales legítimos". Cabe destacar que Kilian López también fue investigado por el Juzgado número 8 de Barcelona en la Operación Lúa por supuesta relación con una red dedicada al tráfico de drogas, una causa que finalmente fue archivada.
Las relaciones de Kilian López con la Diputación de Almería no se limitan a Azor Corporate Iberica S.L. Su otra empresa, Pulconal, también está en el punto de mira de la UCO. En 2020, año en que se produjo el contrato de mascarillas bajo sospecha, Pulconal recibió de la Diputación 132 mil euros a través de seis contratos menores para distintas funciones de infraestructuras en localidades almerienses. Es relevante señalar que Óscar Liria, además de ser vicepresidente de la Diputación, era el encargado de Urbanismo, área que podría haber estado implicada en la adjudicación de estos contratos.
La investigación también señala a una tercera compañía, OYC Servicios Urbanos, una empresa de Fines cuyo alcalde también ha sido detenido. OYC se benefició de dos contratos para infraestructuras en las localidades de Alcontar y Bayarque, que sumaron 109 mil euros.
Reacciones Políticas y Críticas desde la Oposición
Las detenciones provocaron reacciones inmediatas en el ámbito político. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, manifestó desconocer "exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación" y alegó que, al tener conocimiento de la noticia, intentó contactar con el PP de Almería sin éxito. Por su parte, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió "cautela" y anunció que valoraría la situación una vez tuviera "la información adecuada".
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, sostuvo que el caso "no es un problema puntual" del PP, aunque llamó a la prudencia. El diputado de Adelante Andalucía, José Antonio García, exigió al presidente de la Junta el cese "de forma inmediata" de los dirigentes detenidos, advirtiendo que, de lo contrario, "el Partido Popular andaluz, con Moreno a la cabeza, es cómplice de la corrupción". García añadió que mientras la sociedad atravesaba dificultades durante la pandemia, "había gente del Partido Popular forrándose". Raquel Martín, coordinadora de Podemos Andalucía, afirmó que el PP "opera como una mafia negociando con dinero público".
"Compraron productos que no sirven para la protección contra la COVID-19"
Un Patrón Recurrente: El Caso Almeriense se Une a Otros Escándalos
El caso de las mascarillas en Almería se suma a una serie de escándalos de irregularidades en la compra de material sanitario durante los años 2020 y 2021 en otros territorios. Entre ellos, se pueden mencionar el caso Koldo, que salpicó al exasesor del exministro Ábalos; las comisiones en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid; y los casos en Canarias que están siendo investigados por la Fiscalía europea.
El caso de las mascarillas, que ha vuelto a la actualidad, arrancó en 2021 y afectó inicialmente al exvicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Almería, Óscar Liria, por un contrato sanitario de la pandemia. Cuatro años después, la investigación se ha ampliado para abarcar presuntas comisiones en contratos de obra pública. Esta semana se ha investigado a casi una veintena de personas, resultando en la detención de cinco, entre ellos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, ambos del PP, quienes dimitieron de sus cargos y renunciaron a sus actas.
El Contrato de Emergencia del 8 de Abril de 2020: Una Carrera Contra el Tiempo y la Posible Corrupción
Apenas un mes después de la declaración del estado de alarma por la pandemia del Coronavirus, la necesidad de abastecerse urgentemente de equipos de protección individual (EPIs) era acuciante. En este contexto, la Diputación Provincial de Almería adjudicó, por algo más de dos millones de euros, un contrato a la empresa Azor Corporate Ibérica para el suministro de mascarillas FFP2, guantes y trajes de protección. La empresa estaba administrada por Kilian López Solé, un empresario con vínculos en Cataluña y con investigaciones previas por tráfico de drogas, armas y blanqueo.
Inicialmente, la UCO detectó que, tras recibir fondos públicos, la empresa china fabricante del material abonó una comisión de casi un millón de euros a otra sociedad propiedad de Kilian López. Este hecho levantó las primeras sospechas sobre la legalidad de la operación.
La Evolución de la Investigación: De Barcelona a Almería y la Ampliación del Foco
El caso se inició en el Juzgado de Instrucción 8 de Barcelona, que ordenó registros en Cataluña, Almería, Murcia y Mallorca. Posteriormente, en 2022, la causa se trasladó al Juzgado de Instrucción 1 de Almería, que asumió las pesquisas sobre posibles delitos de cohecho, malversación, blanqueo, prevaricación y falsedad documental. La lista de investigados se amplió, incluyendo al vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez.
La Diputación de Almería creó una comisión especial presidida por Ciudadanos para investigar los hechos. Sin embargo, el Partido Socialista denunció que el PP estaba vetando iniciativas, como la comparecencia del presidente Javier Aureliano García y de algunos empresarios implicados. Las conclusiones de esta comisión, apoyadas solo por PP y Ciudadanos, fueron calificadas por el PSOE como una "comisión de compadreo".
A pesar de los esfuerzos por mantener la opacidad, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, tuvo que comparecer ante la comisión del Congreso de los Diputados que investigó los contratos durante la pandemia. En su comparecencia, defendió que actuó "legal y moralmente" y que el expediente fue "impoluto". Por su parte, Óscar Liria negó haber cobrado importe alguno, y Kilian López sostuvo que su empresa ganó por ofrecer el precio más competitivo. Fernando Giménez defendió la transparencia de toda la operación.
Entre 2023 y 2024, la UCO amplió su investigación a contratos menores de obra pública adjudicados a otras empresas propiedad de López, como Pulconal. Tras analizar más de once mil folios del sumario, el PSOE se personó como acusación particular, argumentando la existencia de una "organización estable" dedicada al amaño de contratos.
La UCO incorporó a la investigación conversaciones entre Liria y Giménez en las que, utilizando un lenguaje clave, hablaban de "tallas" para referirse a diferentes porcentajes de comisiones. Paralelamente, Kilian López comentaba en conversaciones encriptadas la necesidad de obtener "200.000 euros en efectivo" para pagar una comisión y buscaba vías para blanquear fondos.
2025: Segunda Fase de la Operación y Nuevas Implicaciones
La operación mascarillas ha entrado en una nueva fase, con una rama distinta a la puramente sanitaria. El martes 18 de noviembre se llevaron a cabo registros en diez ubicaciones diferentes, incluyendo los despachos del presidente y el vicepresidente en la Diputación de Almería, así como el ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde también estaría presuntamente vinculado a la trama. La UCO investiga adjudicaciones supuestamente amañadas en ambas instituciones. La operación resultó en la detención de cinco personas: Javier Aureliano García, Fernando Giménez, Rodrigo Sánchez (alcalde de Fines), el hijo de este último y un técnico de la Diputación provincial.
A lo largo de la semana, la causa se ha extendido al entorno familiar del presidente, incorporando como investigados a su hermana y hermano. El número total de investigados asciende a 17, con la posibilidad de que esta cifra aumente.
Dos días después de las detenciones, el juez Eduardo Martínez decretó libertad provisional para todos los implicados, imponiendo como medidas cautelares la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. El viernes siguiente, el presidente y el vicepresidente de la Diputación dimitieron de sus cargos para, según declararon, "centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia". La Diputación deberá ahora activar el procedimiento interno para la elección de un nuevo presidente en un plazo de veinte días.
El Caso Koldo y la Creación de una Comisión de Investigación en el Congreso
El pleno del Congreso ha aprobado por mayoría la creación de una nueva comisión de investigación sobre presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, que comenzará por el caso Koldo. Esta iniciativa, solicitada por el PSOE, ha recibido 175 votos favorables, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox.
La comisión, la tercera de su tipo tras las creadas en el Senado y el Parlamento balear, tiene como objetivo esclarecer "los hechos, responsabilidades y enseñanzas" sobre la contratación de material sanitario por parte de la Administración del Estado y otras administraciones públicas durante la pandemia. Los diputados no solo se centrarán en el caso Koldo, sino también en las presuntas estafas de otros contratos de mascarillas vinculados a la Comunidad de Madrid y su ayuntamiento.
El PSOE, a través de su portavoz Esther Peña, ha enfatizado la necesidad de obtener respuestas para realizar las modificaciones pertinentes y evitar que "los sinvergüenzas no se vuelvan a colar por la puerta de atrás". La diputada socialista ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por guardar silencio sobre la investigación fiscal abierta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, atribuyéndolo a "complicidad" y "cobardía".
Tras una tensa intervención, el PP decidió abstenerse, condicionando su voto favorable a la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien consideran implicada en el caso Koldo. Los populares argumentan que será en el Senado, donde ostentan mayoría absoluta, donde se celebrará una "comisión verdaderamente independiente". La diputada popular Macarena Montesinos lanzó duras críticas a Armengol, varios ministros y exministros, e incluso a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, calificando de "impresentable" que su agenda pudiera influir en las decisiones del Ejecutivo.
Vox, por su parte, considera que el PSOE está incapacitado para exigir responsabilidades en una comisión de investigación sobre corrupción, argumentando que tienen "145 años de historia y ninguno de honradez".
Sumar ha reconocido la necesidad de la comisión, pero ha instado a ir "más allá, caiga quien caiga", no solo para "castigar a los corruptos", sino para intentar "que nunca más vuelva a ocurrir". La diputada Aina Vidal ha aludido al "hastío de la calle" ante la clase política y ha defendido a las "personas decentes que no se aprovecharon" durante los peores momentos de la pandemia, frente a los "cuatro golfos" que se lucraron. UPN, a diferencia de PP y Vox, votó a favor de la comisión para hacer "frente al oscurantismo" y que los ciudadanos conozcan "la verdad".
La Estrategia del PP en Cataluña y la Figura de "El Chili"
En Cataluña, el PP ha adoptado una estrategia de vincular al líder del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, con la corrupción que salpica al PSOE. El líder de la bancada popular en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado a Illa de mentir y ocultar la identidad de "El Chili", un personaje que aparece en conversaciones intervenidas entre Santos Cerdán y Koldo García y que, supuestamente, habría vendido al Ministerio de Sanidad mascarillas defectuosas por valor de 361 millones de euros.
Illa, uno de los principales apoyos de Pedro Sánchez, no ha descartado acciones legales contra esta estrategia del PP. Fernández ha sugerido que "El Chili" podría ser Xiaojuan Li, una empresaria china buscada en su país. Illa ha negado rotundamente conocer a esta persona o haber hablado con ella, calificando las afirmaciones de Fernández como una "ficción política".
Según informaciones periodísticas citadas por Fernández, "El Chili" podría corresponderse con Xi Li, fundadora de Hangzhou Ruining Trading y HongKong Travis Asia Limited. Estas empresas habrían recibido contratos por más de 350 millones de euros al inicio de la pandemia. La justicia abrió una investigación en 2024 sobre estas irregularidades, conocida como el caso Travis.
El Govern responde día a día y mantiene su hoja de ruta, ensalzando los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez. La consejera portavoz, Silvia Paneque, ha sintetizado la colaboración como una relación de "exigencia y lealtad". Por otro lado, el president ha valorado positivamente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía, reiterando su petición para que el Tribunal Supremo aplique la ley con diligencia.
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