El Título V del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, conocido como el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), establece un pilar fundamental en la legislación española: la protección del dominio público hidráulico y la calidad de las aguas. Esta normativa, en consonancia con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como la Directiva Marco del Agua (DMA), define los objetivos primordiales en la gestión hídrica. Entre estos objetivos se encuentran la prevención del deterioro, la protección y la mejora del estado de las aguas, la implementación de medidas específicas para mitigar la contaminación por sustancias prioritarias, y la garantía de un suministro de agua en cantidad y calidad suficientes. Estos propósitos se ven reflejados en los objetivos medioambientales para las aguas superficiales y las zonas protegidas, detallados en el artículo 92 bis del TRLA.
La implementación práctica de estos preceptos se articula a través del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Sin embargo, la protección de las aguas frente a sustancias prioritarias, impulsada por la Directiva 2008/105/CE, adquirió una relevancia particular, dando lugar a su transposición mediante el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de aguas. Este último decreto complementa y desarrolla aspectos cruciales de la DMA, como los previstos en su artículo 16, y ha sido modificado por directivas posteriores, como la Directiva 2013/39/UE.
La complejidad y extensión de la materia relativa al seguimiento y evaluación del estado de las aguas, así como la protección frente a sustancias prioritarias, hicieron necesaria una reorganización legislativa. Aunque el RDPH es el reglamento que desarrolla el Título V de la Ley de Aguas desde 1986, se consideró inapropiado añadir la nueva regulación, dada la extensión de artículos y anexos que implicaba. Por ello, se optó por un desarrollo reglamentario nuevo que integrase todos los aspectos sobre seguimiento y evaluación del estado de las aguas y las normas de calidad ambiental. El RDPH se ha modificado para reflejar que, si bien desarrolla el Título V del TRLA, la regulación de los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental se rigen por la nueva normativa.
Asimismo, se han derogado aspectos del Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica (aprobado por el Real Decreto 927/1988), concretamente los anexos 1 al 4 y las órdenes ministeriales asociadas. Estas normas obsoletas transponían directivas de los años setenta sobre objetivos de calidad del agua, cuyos propósitos han sido superados e integrados por la DMA. Por otro lado, el Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH), aprobado por el Real Decreto 907/2007, ha sido modificado para incluir nuevos artículos que le otorgan carácter de legislación básica, complementando así la transposición de varios artículos clave de la DMA y dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 2013, que señalaba el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones en esta materia.
Objetivos Medioambientales y el Concepto de Buen Estado del Agua
El cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en el TRLA implica alcanzar el "buen estado" de las aguas superficiales. Este concepto se desglosa en dos vertientes: el buen estado ecológico y el buen estado químico. Para las aguas artificiales y muy modificadas, se habla de un buen potencial ecológico y un buen estado químico. Adicionalmente, se deben cumplir las normas y objetivos aplicables a las zonas protegidas.
La protección del estado de las aguas exige una gestión integrada que considere tanto los elementos químicos como los ecológicos. El programa de medidas para cada demarcación hidrográfica debe diseñarse y desarrollarse con la consecución del buen estado ecológico y químico como meta principal. La evaluación del estado de las aguas se erige como un elemento crucial en la aplicación de la legislación hídrica nacional y europea. Este proceso de evaluación requiere un marco legal sólido que garantice seguridad jurídica, objetividad, certeza y homogeneidad en su aplicación por todas las administraciones hidráulicas, y que sea accesible a todos los afectados.
El logro y mantenimiento del buen estado de las aguas condiciona directamente el programa de medidas de una demarcación hidrográfica. Asimismo, determina el rigor con el que la administración hidráulica aplica las exigencias a los titulares de concesiones y autorizaciones para el uso del dominio público hidráulico o para el vertido de aguas residuales. Es importante recordar que cualquier acción u omisión que cause el deterioro del estado de las aguas constituye una infracción. La gravedad de esta infracción se califica en función del daño causado al agua o al medio ambiente, pudiendo incluso llegar a ser considerada delito. La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece que los daños a las aguas que produzcan efectos adversos significativos en el estado ecológico o químico se consideran daños medioambientales y, por ende, deben ser prevenidos, evitados o reparados por el responsable de la actividad.
Metodologías Homogéneas para el Seguimiento y Evaluación
La DMA exige que los Estados miembros garanticen la calidad y comparabilidad de los métodos empleados para el seguimiento y la evaluación del estado de las aguas. Esto hace necesario disponer de criterios homogéneos y básicos para el diseño de los programas de seguimiento. El objetivo es obtener una visión general, coherente y completa del estado y la calidad de las aguas, adoptada por todas las administraciones hidráulicas para asegurar un enfoque uniforme, equitativo y comparable en toda España.
Los programas de seguimiento son herramientas esenciales para la gestión del agua. Deben proporcionar la información necesaria para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. Su diseño debe permitir, entre otros aspectos:
- Conocer el estado actual de las aguas.
- Identificar la salud de los ecosistemas acuáticos, considerando su sostenibilidad, riqueza y biodiversidad.
- Determinar el grado de contaminación de las aguas.
- Valorar las consecuencias de las emisiones de contaminantes de fuentes puntuales y difusas.
- Prevenir o reducir el deterioro causado por la presencia de sustancias prioritarias.
- Evaluar el impacto de las alteraciones hidromorfológicas.
Para asegurar la comparabilidad entre los Estados miembros, los resultados del control biológico y las clasificaciones de los sistemas de seguimiento deben ser objeto de comparación a través de una red de intercalibración. Los resultados de estos ejercicios se publican, como es el caso de la Decisión 2013/480/UE de la Comisión, que fija los valores de las clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los Estados miembros. España, en este contexto, debe definir condiciones de referencia y límites de cambio de clase coherentes con los valores establecidos en los anexos de dicha decisión.
Adicionalmente, los métodos de seguimiento deben ser conformes con normas internacionales o con normativas nacionales o internacionales que aseguren el suministro de información de calidad y comparabilidad científica equivalente. Dada la continua evolución de la normativa, el Comité Europeo de Normalización publica nuevas normas y suprime otras. En este sentido, el anexo V de la DMA ha sido modificado por la Directiva 2014/101/UE, adaptándose a los nuevos requisitos. Para garantizar la calidad y comparabilidad de los métodos, el decreto aprueba diversas normas nacionales y protocolos que las Administraciones hidráulicas deben emplear en el seguimiento de las aguas.
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El Papel de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
El Real Decreto 60/2011 integró las medidas de protección de las aguas frente a sustancias prioritarias, transponiendo la Directiva 2008/105/CE y la Directiva 2009/90/CE, que establece especificaciones técnicas para el análisis químico y el seguimiento del estado de las aguas. Esta normativa también adaptó la legislación española a la protección de aguas frente a sustancias peligrosas, anteriormente regulada por la Directiva 76/464/CEE.
La reciente Directiva 2013/39/UE obliga a una revisión del Real Decreto 60/2011 para adaptarlo a las nuevas exigencias sobre sustancias prioritarias. Además, el cumplimiento de normativas como la Ley 27/2006 (sobre derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente), la Ley 14/2010 (sobre infraestructuras y servicios de información geográfica) y los compromisos internacionales de España, demandan un sistema nacional de información sobre el estado y calidad de las aguas superficiales. Este sistema, gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, recopila datos de los programas de seguimiento de cada demarcación hidrográfica, promoviendo la transparencia administrativa y el acceso a la información para los ciudadanos.
Además, este sistema contribuye al Reglamento (UE) n.º 1143/2014 sobre especies exóticas invasoras, que prevé la utilización de la información de los sistemas de seguimiento de la DMA. El seguimiento en aguas costeras, en el marco de la Ley 41/2010 de protección del medio marino, también se beneficia de la información generada.
Dentro de las EDAR, el control de parámetros biológicos es fundamental. Los procesos que ocurren en estas plantas son físicos, químicos y biológicos. Uno de los parámetros clave es la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), que mide el consumo de oxígeno por organismos aerobios presentes en la muestra, indicando la presencia y biodegradabilidad de la materia orgánica. La materia orgánica se define como el material derivado de la descomposición de plantas, crecimiento bacteriano y actividades metabólicas de organismos vivos, o de compuestos químicos. La concentración de oxígeno disuelto en el agua es otro indicador crítico.
Los procesos de depuración de aguas residuales son complejos y requieren formación técnica específica. La eliminación biológica del nitrógeno es un objetivo primordial en las EDAR españolas. El proceso de nitrificación, que ocurre en tres fases, implica la oxidación del amonio a nitrito por bacterias amonio-oxidantes (AOB), seguido de la oxidación de nitrito a nitrato por bacterias nitrito-oxidantes (NOB). Las bacterias AOB, como las del género Nitrosomonas, son sensibles a pH elevado, bajas temperaturas y bajas concentraciones de oxígeno disuelto. Por ello, es crucial monitorizar estos parámetros mediante pHmetros, termómetros y medidores de oxígeno disuelto. Las bacterias Nitrobacter se adaptan mejor a concentraciones más altas de nitrito.
En las EDAR también se encuentran bacterias heterótrofas facultativas como las del género Pseudomonas, capaces de utilizar nitrato como aceptor de electrones en condiciones de anoxia. Factores como la temperatura y el pH influyen decisivamente en estos procesos. Un analista en una EDAR es responsable de controlar estos parámetros biológicos, utilizando diversos instrumentos:
- pHmetro: Mide la acidez o alcalinidad del agua.
- Medidor de oxígeno disuelto: Cuantifica la cantidad de oxígeno presente en el agua.
- Turbidímetro: Mide la turbidez, es decir, la cantidad de partículas en suspensión.
- Analizador de nutrientes: Determina la concentración de nitrógeno y fósforo.
- Medidor de cloro: Indica la cantidad de cloro residual.
Las anomalías en la lectura de estos parámetros biológicos alertan sobre procesos anómalos o rendimientos por debajo de lo esperado. Por ejemplo, un exceso de aireación puede contaminar el volumen del reactor destinado a la desnitrificación, aumentando el consumo eléctrico. Estos parámetros son esenciales en todos los procesos de depuración, especialmente en el decantador primario y el reactor biológico. Cuando se mantienen en sus niveles óptimos, el agua tratada puede ser devuelta a los ríos y embalses.
Índices Biológicos para la Evaluación Ecológica
La presencia o ausencia de determinados organismos acuáticos proporciona información valiosa sobre el estado ecológico de un medio. La sensibilidad específica de cada organismo a la contaminación permite asignarles un valor dentro de un índice biológico. Estos índices son herramientas útiles para controlar la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos y actúan como integradores de la calidad química a lo largo del tiempo.
El índice IBMWP (Iberian BioMonitoring Water Procediment) evalúa 131 familias de macroinvertebrados según su sensibilidad a la contaminación. El valor del índice se obtiene sumando las puntuaciones de los grupos faunísticos encontrados en el punto de muestreo, variando desde 0 (sin organismos) hasta 100 (calidad máxima), pudiendo superar este valor en casos de alta riqueza biológica de organismos de máxima calidad.
El parámetro biológico FBILL es un índice de calidad del agua de ríos adaptado a los ríos mediterráneos de tierra baja, cuyo nombre proviene de los ríos Foix, Besós y Llobregat. Se identifican los organismos por familias y se les otorga una puntuación en función de la exigencia de calidad del agua. A diferencia del IBMWP, el FBILL utiliza el poder discriminante de las familias ordenadas de mayor a menor calidad y se aplica preferentemente en tramos con sustrato pedregoso y corriente elevada.
Las comunidades de ribera desempeñan funciones vitales como la protección de márgenes, refugio de fauna y corredores biológicos. El índice QBR (Quality River Bank) es un método sencillo para evaluar la calidad de los ecosistemas de ribera, cuantificando aspectos cualitativos de la zona: cobertura riparia, estructura del bosque, proporción de especies autóctonas y naturalidad del lecho del río. El resultado se expresa en una escala de 0 a 100.
El índice ECOSTRIMED (ECOlogical STatus RIver MEDiterranean) es adecuado para valoraciones globales del ecosistema fluvial y pertenece a la familia de los índices de evaluación rápida de la calidad del agua.
Requisitos Legales y la Reutilización del Agua
La gestión de los parámetros biológicos del agua no es una opción, sino una exigencia legal estricta en España, en cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Para las EDAR que vierten en zonas sensibles, el control de parámetros biológicos es aún más crítico. La optimización de la recirculación interna y la configuración de cámaras anóxicas y aerobias son fundamentales para cumplir con los ratios establecidos. Las variaciones estacionales en la carga orgánica pueden ser especialmente delicadas en la operación de una EDAR.
El control del nitrógeno total y fósforo total es obligatorio para prevenir la eutrofización. Las EDAR deben tener en cuenta la última revisión de la directiva europea (aprobada en 2024), que transforma los parámetros biológicos de "indicadores de depuración" a "activos de eficiencia energética". En este contexto, el control del oxígeno disuelto mediante variadores de frecuencia en soplantes y turbocompresores adquiere gran relevancia para optimizar el consumo eléctrico.
En el levante y sur de España, la labor de una EDAR no concluye con el vertido. Si el agua se destina a reutilización, los criterios de calidad biológica cobran protagonismo. El Real Decreto 1085/2024, que aprueba el Reglamento de reutilización del agua, impone límites estrictos en Escherichia coli y huevos de nematodos intestinales.
La norma tiene naturaleza jurídica de legislación básica, conforme al artículo 149.1.23.ª de la Constitución Española, al ser un complemento indispensable para asegurar el mínimo común normativo en la protección del medio ambiente aplicable a todas las demarcaciones hidrográficas. Su proyección en cuencas intercomunitarias opera como título pleno para su aplicación por los organismos de cuenca, garantizando así una aplicación uniforme en las demarcaciones de competencia estatal y un mínimo común normativo en el resto de cuencas, cumpliendo con las exigencias del Derecho de la Unión Europea. Este real decreto ha sido informado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y el Consejo Nacional del Agua.
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