La crisis sanitaria desatada por la COVID-19, además de su devastador impacto en la salud pública, sacó a la luz oscuros entramados de corrupción que aprovecharon la desesperada necesidad de material sanitario. En el epicentro de uno de estos escándalos se encuentran dos nombres que resonaron en los tribunales y en la opinión pública: Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño Cerón. La Fiscalía Anticorrupción los acusó de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales en relación con la venta de mascarillas, guantes y test de diagnóstico al Ayuntamiento de Madrid. La operación, que buscaba abastecer a la capital española en uno de sus momentos más críticos, se vio empañada por la presunta obtención de "exagerados e injustificados beneficios económicos" por parte de los empresarios, quienes se habrían embolsado seis millones de dólares de un total de 12 millones pagados por el consistorio.
Luis Medina Abascal: El Rostro Conocido y el Enlace de la Alta Sociedad
Luis Medina Abascal, hijo de la reconocida exmodelo Naty Abascal y del fallecido duque de Feria, Rafael Abascal, es una figura que ha transitado los círculos de la alta sociedad española y ha sido protagonista habitual de la prensa del corazón. Su linaje y su presencia en eventos sociales lo convirtieron en un personaje conocido, una condición que, según la Fiscalía, aprovechó para contactar con el Ayuntamiento de Madrid. Se le atribuye la oferta de intermediación en la compra de material sanitario, supuestamente facilitada por su amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Antes de verse envuelto en este caso, Medina Abascal ostentaba el título de marqués de Villalba, cedido por su hermano mayor. Su imagen pública lo llevó a ser imagen de marcas de prestigio como Dolce & Gabbana, y su presencia era habitual en desfiles y photocalls. Sin embargo, en los últimos años, su perfil público fue tornándose más reservado. El que fuera considerado el "soltero de oro" de la jet set española, eliminó sus perfiles en redes sociales, especialmente en Instagram, donde gozaba de gran popularidad, para centrarse en diversos proyectos empresariales.
Estos proyectos, en general, no alcanzaron el éxito esperado. En 2007, asumió la dirección ejecutiva de "Show Me That", un gabinete de comunicación especializado en firmas de lujo como Oscar de la Renta, Roberto Diz o Aquazzura. No obstante, según informaciones periodísticas, una empresa de transporte lo demandó en 2017 por impagos que ascendían a 30.000 euros, lo que propició su distanciamiento del proyecto. Su nombre también ha sido vinculado a otras empresas con actividad limitada, como Azulalia Essential S.L., dedicada a la "promoción y venta de acciones". Actualmente, es el administrador único de Gekko Partners S.L., una consultoría que comparte sede social con Show Me That. Asimismo, ha sido administrador o representante en otras entidades, incluyendo Nabain S.L., Family Office y la fallida empresa de joyería Ceylan 1943. En mayo de 2020, poco después de la operación de las mascarillas, fundó Sextante Trade Desk, con sede en la casa de su madre y enfocada al "comercio de productos diversos".
Luis Medina ha reconocido haber percibido un millón de euros por su papel de intermediario, aunque ha defendido la legalidad de su actuación. En una entrevista concedida a El Confidencial, afirmó: "Entiendo que a mucha gente quizá no le parezca bien. Pero es el 8 % del contrato. Es una comisión normal de intermediación, que se cobra muchas veces. Por supuesto, no es ilegal".
Alberto Luceño: El Empresario Misterioso y sus Conexiones Chinas
Si Luis Medina fue el primer contacto con el Ayuntamiento, fue su amigo Alberto Javier Luceño Cerón quien, según la Fiscalía, negoció la totalidad de la operación. Luceño se presentó ante el consistorio madrileño como un "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya" a través de la cual se realizaría la importación. Sin embargo, la querella detalla que, en realidad, Luceño "ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya".
La trayectoria profesional de Luceño presenta matices interesantes. Entre 2012 y 2013, ejerció como director general de la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE), una institución que, según investigaciones periodísticas, ha sido vinculada a la trama 'Púnica'. En un documento publicitario, Luceño aseguraba, sin aportar pruebas, que EUDE se había convertido en una escuela de negocios de referencia a nivel nacional e internacional, avalada por prestigiosos rankings. Durante ese mismo periodo, fue nombrado vicepresidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocio y formó parte de la junta directiva de la patronal del comercio textil madrileña ACOTEX.
Luceño es propietario de una consultoría denominada Gekko, que comparte nombre con la empresa de la que Medina era administrador. Ambas compañías fueron inscritas en el Registro Mercantil en fechas cercanas: la de Medina en 2009 y la de Luceño en 2010. El nombre "Gekko" evoca al icónico y ambicioso inversor Gordon Gekko de la película "Wall Street".
El empresario utilizó la empresa malaya Leno como intermediaria para la compraventa de material sanitario en China. El dinero abonado por el Ayuntamiento de Madrid se dirigía a una cuenta del Malayan Banking Berhard (Maybank). Según las acusaciones, Luceño informó a Medina de que sus comisiones serían idénticas, pero le ocultó que él percibía una comisión adicional en cada operación. Por ejemplo, en la venta de mascarillas, Luceño se habría apropiado de dos millones de dólares de los que Medina no tenía conocimiento. En el caso de los test, habría ganado 1,1 millones de dólares además de los 915.000 dólares que ambos se repartieron, según detalla Anticorrupción.
Estos fondos permitieron a Luceño adquirir bienes de lujo: doce coches deportivos, entre ellos un Aston Martin, un Lamborghini y un Ferrari; tres relojes Rolex; y una vivienda en Pozuelo de Alarcón valorada en un millón de euros. También se menciona un desembolso de 60.000 euros para una estancia de una semana en un hotel de Marbella. Todos estos bienes de lujo han sido embargados por orden judicial.
El Desenlace Judicial: Absolución de Estafa, Condena por Delitos Fiscales y Falsedad
La Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en el conocido como "caso mascarillas", resolviendo de manera dispar la situación de Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos fueron absueltos del delito de estafa por el que se les acusaba, un cargo que la Fiscalía Anticorrupción pedía con penas de hasta nueve años para Medina y quince para Luceño. El tribunal consideró que no existió un engaño penalmente relevante por parte de los empresarios al consistorio municipal en lo referente al cobro de comisiones por su intermediación.
La sentencia argumenta que no se probó que Luceño y Medina afirmaran explícitamente que no iban a cobrar ninguna comisión. Los empresarios negaron tal extremo durante el juicio, y los mensajes intercambiados con los representantes del Ayuntamiento no contenían dicha afirmación. La Audiencia señaló que el consistorio "tampoco preguntó" sobre este aspecto, y que los acusados no estaban legalmente obligados a informar al comprador sobre la existencia y el importe de una comisión. La Sala destacó que, si bien pudo haber exigencias éticas no cumplidas, no existió un engaño que obligara a informar de algo que no se ocultó activamente.
Además, se apunta que en el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, entidad pública encargada de la adquisición del material sanitario, no se debatió la ausencia de comisiones, ni tampoco se incluyó como condición en el contrato de compra de mascarillas. La Audiencia considera que, aunque pudiera existir un error por parte de la coordinadora general de Presupuestos del Consistorio, Elena Collado, este no fue determinante para la celebración del contrato, ya que hubo acuerdo sobre el objeto y el precio, considerados adecuados por la compradora. Las prioridades del Ayuntamiento, en plena crisis, eran el precio final, las características del producto y la posibilidad de un suministro rápido.
La crisis de la sanidad pública en España | ARTE.tv Documentales
La Condena de Alberto Luceño: Fraude Fiscal y Falsedad Documental
A pesar de la absolución por estafa, Alberto Luceño fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento oficial. El tribunal consideró probado que Luceño obtuvo rendimientos derivados de su trabajo personal entre marzo y abril de 2020 que no declaró en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para ocultar estos beneficios, constituyó la sociedad Takamaka Invest S.L., a la que atribuyó simuladamente la obtención de dichos rendimientos, defraudando a la Hacienda Pública un total de 1.351.386,26 euros. Por este delito fiscal, Luceño deberá pagar una multa de 3,5 millones de euros e indemnizar a la Agencia Tributaria con más de 1,35 millones de euros.
La Audiencia también confirmó que Luceño incurrió en un delito de falsedad en documento oficial. Se considera probado que manipuló dos salvoconductos para poder circular durante el confinamiento y falsificó un documento de identificación como agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por estos hechos, se le impuso una pena de ocho meses de cárcel y una multa de 12.000 euros.
Luis Medina Abascal: Absolución de Todos los Cargos
Luis Medina Abascal, por su parte, salió indemne de todos los cargos que se le atribuían. La Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió tanto del delito de estafa como de falsedad en documento mercantil. Aunque se atribuyó a los acusados la alteración de ciertos documentos, estos fueron considerados de carácter privado, y no se formuló acusación por el delito correlativo.
La sentencia también desestimó la tesis de las acusaciones populares que sostenían que Medina y Luceño se beneficiaron de una vía de acceso privilegiada al Ayuntamiento gracias a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde. El tribunal determinó que el acceso de la oferta se canalizó como tantas otras, sin demostrarse una relación que brindara un acceso preferente o generara una confianza especial en la responsable municipal.
El Rastro del Dinero: Bienes Embargados y Consecuencias Personales
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción siguió de cerca el rastro del dinero percibido por ambos empresarios. En el caso de Luis Medina Abascal, se detalla que destinó una parte de la comisión obtenida, un millón de dólares (914.000 euros), a la compra de un velero modelo Eagle 44. Dicha embarcación fue registrada a nombre de una sociedad gibraltareña participada por él y su hermano. El fabricante holandés Leonardo Yachts diseñó este velero en colaboración con Dykstra Naval Architects, y tiene una eslora de 13,33 metros. En abril de 2021, la revista ¡Hola! publicó las primeras imágenes de Luis Medina a bordo del velero, denominado "Feria", en aguas de Sotogrande.
Para hacer frente a las responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial, Luis Medina tuvo que recurrir a parte de su herencia. Según informaciones periodísticas, tuvo que poner a disposición del juez su parte del derecho a la herencia de su abuela paterna, la duquesa de Medinaceli. La Fiscalía consideró procedente decretar el decomiso de los bienes embargados, que en el caso de Medina ascendían a 912.700 euros.
La situación personal de Naty Abascal se vio afectada por la imputación de su hijo. Fuentes cercanas a la exmodelo indicaron que Luis Medina habría invertido todo su patrimonio en pagar la fianza, dejándolo con las finanzas al límite, lo que podría haber obligado a su madre a prestarle ayuda económica. Se describió a Naty Abascal como "destrozada", rezando para que su hijo quedara libre. Es importante recordar que el padre de Luis Medina, Rafael Medina, duque de Feria, también tuvo problemas con la justicia en el pasado, ingresando en prisión en 1993 por tráfico de drogas y corrupción de menores.
El caso de las mascarillas pone de manifiesto las complejas interconexiones entre el mundo empresarial, la política y la alta sociedad, y cómo en momentos de crisis extrema, la línea entre la necesidad y el aprovechamiento ilícito puede difuminarse. La sentencia, si bien absuelve de estafa, subraya la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y la veracidad en los documentos oficiales, recordatorios cruciales en la gestión pública y privada.
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