La localidad de Nerja se encuentra en el centro de una compleja trama que involucra presuntos vertidos ilegales de residuos durante un periodo de 15 años en un paraje natural protegido. La investigación judicial, liderada por el Juzgado de Instrucción 1 de Torrox, ha desestimado el sobreseimiento de la causa, manteniendo la investigación sobre los dos últimos alcaldes del municipio, la socialista Rosa Arrabal y su antecesor, el popular José Alberto Armijo, así como a otras 11 personas y seis entidades mercantiles. Los delitos que se les imputan son prevaricación administrativa y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
El origen de la investigación: La Operación "Rubbish"
La investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y el Juzgado de Torrox, se inició tras la detección de una explotación y gestión económica de una zona por parte de un grupo de empresas del sector de la construcción de Nerja, las cuales incumplían las normativas administrativas. Esta situación dio lugar a la "Operación Rubbish", dirigida contra estas compañías. Se les acusaba de una actividad significativa en la recogida y transporte de residuos de construcción y demolición, incluyendo materiales peligrosos.
Presuntamente, estos residuos eran vertidos de forma ilegal y sin ningún tipo de control en una antigua cantera ubicada en el paraje del río de la Miel. La investigación determinó que "los vertidos se realizaron a sabiendas de su ilegalidad". La Guardia Civil destacó que, además, se llegaron a expedir certificaciones falsas a clientes, asegurando que los residuos habían sido depositados en vertederos controlados.
Impacto ambiental y figuras de protección
El vertedero ilegal afectaba directamente a un "espacio natural protegido" del Parque Natural Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Este parque cuenta con diversas figuras de protección, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Red Natura 2000, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Conservación. La magnitud del daño ambiental es tal que se estima que devolver el terreno a su estado original costará aproximadamente 10,7 millones de euros.
Implicaciones de los exalcaldes y otros investigados
El juez señala que José Alberto Armijo, alcalde entre 1995 y 2015, habría participado "activamente" en la creación del vertedero no autorizado. Según el auto judicial, Armijo llegó a ordenar el vertido de escombros en la antigua cantera "alegando razones de urgencia", pero sin obtener las autorizaciones administrativas necesarias. Además, se considera que tuvo conocimiento de expedientes sancionadores iniciados y los ignoró.
Por su parte, Rosa Arrabal, alcaldesa desde 2015, es investigada por conocer la existencia del vertedero y "no ordenar expediente alguno para paralizar la actividad desarrollada". Se le achaca también haber "omitido" cualquier procedimiento respecto al uso privado del terreno público.
La investigación también abarca a tres exconcejales de Medio Ambiente y a una exresponsable de la Consejería andaluza de dicha área, a quienes se acusa de no promover expedientes para la eliminación de los vertidos. Siete empresarios, presuntamente relacionados con la gestión y uso del espacio, están siendo investigados por realizar vertidos sin las autorizaciones pertinentes.
La comisión de investigación sobre la depuradora de Nerja
Paralelamente a la investigación judicial por los vertidos ilegales, se ha puesto en marcha una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Nerja, presidida por Ciudadanos, para esclarecer los motivos del retraso en las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja. Esta infraestructura, cuya paralización ha generado preocupación, se considera una "deuda histórica" para el municipio.
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El exalcalde José Alberto Armijo y varios técnicos han comparecido ante esta comisión, que busca depurar responsabilidades en el devenir de las obras. La edil Lola Sánchez, presidenta de la comisión, ha expresado su confianza en que se cumpla el plazo de seis meses acordado para la investigación.
Las comparecencias han incluido la de Armijo, quien, según Sánchez, "no ha tenido ningún problema en contestar a todo lo que se le preguntó". Técnicos de distintas áreas también han ofrecido su perspectiva sobre unos trabajos que llevan meses paralizados.
La comisión analizará no solo el desarrollo y ejecución del proyecto, sino también la expropiación de los terrenos. La portavoz de Ciudadanos, Lola Sánchez, ha señalado que se busca conocer los criterios que llevaron a elegir el emplazamiento de la depuradora.
Acusaciones cruzadas y discrepancias técnicas
El debate en la comisión se centra en las acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE. El grupo popular, liderado por Armijo, señala al actual tripartito de impedir el avance de las obras por bloquear permisos municipales. La alcaldesa Rosa Arrabal, sin embargo, defiende que la responsabilidad de los retrasos acumulados recae en el Gobierno central.
Existen discrepancias significativas sobre el porcentaje de obra ejecutada. Mientras el Consistorio estima que las obras están a algo más del 75% de ejecución, el Gobierno central eleva esta cifra a casi el 90%.
La situación actual de las obras de la EDAR de Nerja es un punto de fricción. A pesar de anuncios de reanudación, la UTE encargada de los trabajos ha desmentido que las obras comenzaran en las fechas previstas. La alcaldesa Arrabal y el concejal de Infraestructuras, José María Rivas, han manifestado su descontento ante lo que consideran un engaño por parte de la empresa, que entró en concurso de acreedores.
La alcaldesa ha criticado la falta de comunicación oficial por parte de la UTE y ha recordado que, desde que su equipo entró en el gobierno, han estado advirtiendo de los problemas del proyecto, tanto por el importe de adjudicación como por los informes técnicos municipales.
La falta de una solución clara ante el auto judicial dictado el pasado verano añade una capa más de complejidad a esta situación. La necesidad de completar la EDAR es crucial para evitar que Nerja, un enclave turístico de relevancia en la Costa del Sol, continúe figurando en la lista de "puntos negros" que han acarreado sanciones millonarias de la Unión Europea a España.
Archivo provisional de la causa para un delegado de Medio Ambiente
El juez ha acordado archivar la causa de forma provisional contra el delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Adolfo Moreno. La decisión se basa en que el delegado no habría estado en el cargo el tiempo suficiente para haber tomado decisiones al respecto o incluso para conocer el estado del vertedero ilegal.
La investigación judicial y la comisión de investigación municipal buscan arrojar luz sobre estas graves irregularidades, con el objetivo de depurar responsabilidades y, en el caso de la depuradora, impulsar la finalización de una infraestructura esencial para el municipio y el medio ambiente.