La gestión de las aguas residuales es un pilar fundamental para la salud pública y la preservación del medio ambiente, especialmente en islas como Gran Canaria, donde los recursos hídricos son limitados y la presión sobre los ecosistemas marinos es considerable. En este contexto, la modernización integral de la depuradora de aguas residuales de Jinámar, ubicada en Telde, se erige como una actuación de vital importancia para la isla. Este proyecto, que se encuentra en una fase avanzada de negociación, promete transformar la forma en que se tratan las aguas residuales, abordando desafíos históricos y sentando las bases para un futuro más sostenible.
Un Convenio Estratégico para la Financiación y Ejecución de las Obras
El Consejo Insular de Aguas (CIA) de Gran Canaria ha tomado la iniciativa de asegurar la financiación necesaria para la modernización integral de la depuradora de Jinámar. La estrategia adoptada consiste en un pago a plazos durante los próximos 30 años del coste total de la obra. Para materializar este ambicioso proyecto, el CIA se encuentra en negociaciones avanzadas con Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), una sociedad mercantil estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Acuaes jugará un papel crucial en este convenio, ya que prefinanciará la obra, asumiendo la responsabilidad de licitar y adjudicar los trabajos de modernización. El gerente del CIA, Carmelo Santana, ha destacado la importancia de este acuerdo, subrayando que permitirá acortar significativamente los plazos de ejecución. La implicación de Acuaes agilizará procesos clave, ya que asumirá la elaboración de estudios técnicos, la redacción de proyectos detallados y la supervisión de la ejecución de las obras. La previsión es que el convenio sea firmado antes de que finalice el año en curso, lo que dará paso a la redacción de los proyectos, con la licitación de las obras programada para finales de 2027 o principios de 2028.
La Depuradora de Jinámar: Un Punto Clave en la Red de Saneamiento Insular
La depuradora de Jinámar, estratégicamente situada en la desembocadura del barranco Real, es actualmente una instalación fundamental en la red de saneamiento de Gran Canaria. Su labor consiste en tratar un volumen diario de aproximadamente 6.000 metros cúbicos de aguas residuales. Estas aguas provienen de varios municipios de la isla, incluyendo Telde, Santa Brígida, Valsequillo y Las Palmas de Gran Canaria, lo que subraya la envergadura de la infraestructura y su impacto en la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Esta actuación en la depuradora de Jinámar representa la primera iniciativa de este tipo que Acuaes prefinanciará en Gran Canaria. La empresa estatal cuenta con experiencias previas exitosas en Tenerife y Lanzarote, lo que avala su capacidad y experiencia en la gestión de este tipo de proyectos de gran envergadura.
Acuicultura Intensiva y el Desafío de la Contaminación Oceánica
Más allá de la infraestructura de saneamiento urbano, surge una pregunta fundamental: ¿Quién se encarga de depurar los residuos generados por actividades que, si bien no son urbanas, tienen un impacto significativo en el medio ambiente? La acuicultura intensiva, por ejemplo, genera una cantidad considerable de materia orgánica. Una lubina en fase de engorde (con un peso aproximado de 400-500 gramos) produce entre 25 y 30 gramos de materia orgánica al día, sumando heces y restos metabólicos. Esta es una estimación conservadora.
La problemática radica en que, en muchos casos, estos residuos son vertidos directamente al mar sin un tratamiento adecuado, equiparándose a la descarga de aguas residuales de una ciudad entera sin depurar. La magnitud de este problema se hace aún más evidente al considerar escenarios como una explotación de 50.000 cerdos vertiendo sus purines directamente a la costa. En estos casos, el océano se convierte en un sumidero gratuito, donde la materia orgánica se acumula en los fondos marinos, consume oxígeno vital y altera ecosistemas sensibles. Cuando las condiciones de viento y corrientes cambian, esta materia acumulada puede llegar a las playas, generando problemas visibles y olfativos.
El Coste Energético de la Depuración y la Contaminación Consentida
La depuración de aguas residuales es un proceso que requiere una inversión energética considerable. Se estima que depurar una carga de 150.000-200.000 habitantes equivalentes demanda, de forma aproximada, entre 0,3 y 0,6 kilovatios-hora (kWh) por metro cúbico de agua residual tratada. Esto se traduce en miles de kWh diarios dedicados exclusivamente a la aireación, el bombeo y el control biológico de los procesos de depuración.
Cuando aparecen problemas como manchas en el agua, olores desagradables, acumulaciones de grasa, espumas o afecciones a los usuarios de las playas, una respuesta recurrente es atribuirlos a “episodios puntuales” o “vertidos exógenos”. Sin embargo, la realidad, como denuncian colectivos ecologistas, es que la acuicultura intensiva no es una actividad neutra. Genera residuos, consume oxígeno y ocupa espacio del dominio público. Este modelo de producción, que no se sostiene únicamente por la iniciativa privada, se ve amparado por una cobertura administrativa que, en la práctica, permite la contaminación.
La organización Turcón-Ecologistas en Acción ha alzado la voz ante lo que consideran una “contaminación consentida por decisión administrativa”. Han presentado alegaciones a la solicitud de autorización de vertido tierra-mar, en relación con las aguas que se depuran en la EDAR de Hoya del Pozo y que posteriormente se remiten a Jinámar para su tratamiento terciario. En concreto, tras presentar alegaciones en diciembre de 2013 al expediente que se encontraba en información pública, no han recibido la respuesta preceptiva y obligatoria que estipula la legislación vigente, como la Ley 30/92.
Marco Legal y la Obligación de Respuesta Administrativa
La Ley 30/92, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece claramente en su artículo 86-3º, párrafo 2º, que “La comparecencia en el trámite de información pública no otorgará, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada”.
Turcón-Ecologistas en Acción recuerda a la administración esta obligatoriedad, amparándose también en la Ley 27/2006, de 18 de Julio. Argumentan que verter aguas depuradas al mar a través de un emisario va en contra de las directivas europeas y supone un despilfarro del dinero público invertido en la mejora de las infraestructuras. En caso de que la administración disponga de información equivocada, sesgada o no real, la ley también contempla la obligación de asesorar a los ciudadanos, tal como recoge el Artículo 5 sobre las Obligaciones generales en materia de información ambiental. La falta de respuesta a las alegaciones presentadas pone de manifiesto una brecha entre la normativa y la práctica administrativa, generando preocupación entre las organizaciones ecologistas y la ciudadanía en general sobre la transparencia y la efectividad en la gestión medioambiental de la isla.