Un grupo de propietarios de parcelas agrícolas en Biar, un municipio situado en el interior de la provincia de Alicante, específicamente en la comarca del Alto Vinalopó, ha presentado una denuncia contra la empresa Proaguas Costablanca, S.A. Esta sociedad pública provincial, enteramente participada por la Diputación Provincial de Alicante, se encuentra en el ojo del hurcamiento tras la aplicación de lodos de depuradora como abono en los terrenos de estos agricultores. El resultado, según las denuncias, ha sido un severo deterioro de sus cultivos de olivos y almendros, con pérdidas de producción que los afectados estiman en un 80%. La situación es tan grave que aseguran que el daño en el arbolado es irreversible y que la tierra podría volverse irrecuperable debido a la acumulación de metales pesados. Esta alarmante conclusión se sustenta en un informe técnico elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia, encargado por los propios agricultores afectados.
De la solución milagrosa a la catástrofe agrícola
La historia de este conflicto se remonta a 1998, cuando un grupo de agricultores de Biar recibió una propuesta de la empresa Proaguas Costablanca. La oferta consistía en abonar sus terrenos con lodos o biosólidos procedentes de las depuradoras de Alcoy, Elda, Petrer y Benidorm. En aquel momento, esta propuesta fue recibida como una solución ideal, una auténtica "panacea", dado que la empresa se comprometía a suministrar el material de forma gratuita y a realizar los análisis de las muestras de suelo y agua necesarios para asegurar una aplicación óptima. La única contrapartida para los propietarios era rellenar un formulario solicitando el servicio. Este formulario estipulaba una asignación de 40 toneladas de biosólido por hectárea al año. Crucialmente, la solicitud especificaba que el personal encargado del suministro debía llevar a cabo las analíticas de suelo pertinentes para ajustar las dosis de aplicación.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo, los propietarios comenzaron a observar signos preocupantes de deterioro en sus árboles, acompañados de una notable disminución en la producción. Pronto se dieron cuenta de que la cantidad exacta de lodos aplicada a sus parcelas no figuraba en ningún documento oficial. Ante las evidentes consecuencias que advertían en sus cultivos, empezaron a sospechar que la cantidad de lodos vertida a sus tierras podría haber sido considerablemente superior a la acordada.
Inicialmente, el fango se distribuía directamente sobre la superficie del terreno. Esta práctica generó quejas por parte de los vecinos de la zona, quienes padecían malos olores y la proliferación de plagas de moscas. Como respuesta a estas quejas, se modificó el método de aplicación. El lodo comenzó a depositarse en surcos, ubicados en el centro de las filas de árboles, para luego ser cubierto con tierra. Los agricultores denuncian ahora que, con este nuevo método, las cantidades de fangos vertidos pudieron haber superado con creces las cantidades acordadas.
En el año 2002, los propietarios, al constatar un decaimiento generalizado en su arbolado, encargaron análisis del biosólido presente en la tierra. Los resultados iniciales indicaron que el contenido de metales pesados era adecuado según la normativa vigente para su uso en el sector agrario. No obstante, los análisis también revelaron concentraciones muy elevadas de aluminio y fósforo. Según los denunciantes, estos elementos han sido la causa de un deficiente desarrollo floral y, consecuentemente, de una merma significativa en la cosecha hasta la actualidad. Además, los agricultores afirman que, desde el principio, carecieron de cualquier tipo de documentación sobre los procesos de tratamiento y la composición exacta del abono, así como de información sobre la realización y frecuencia de las analíticas por parte de Proaguas Costablanca.

Del abono orgánico a la consideración de vertido ilegal
El estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia arroja datos contundentes que contradicen la naturaleza del material aplicado. La investigación determina que las dosis aplicadas a las tierras no fueron las 40 toneladas por hectárea anuales estipuladas, sino tres veces esa cantidad: 120 toneladas por hectárea. Esta cifra superaría los límites legales establecidos para elementos como el cobre, zinc, cromo, aluminio, hierro y fósforo. El informe concluye, basándose en el tipo de lodo aplicado (fresco deshidratado), la forma en que se aplicó (en surcos en el centro de las filas de árboles) y la cantidad masiva (más de 120 toneladas por hectárea cada año), que la aplicación de los lodos tratados por Proaguas Costablanca debe considerarse un vertido ilegal y no una mejora orgánica del suelo.
El estudio detalla los efectos devastadores en los cultivos. Revela que en todas las parcelas donde se aplicaron estos lodos, los olivos presentan claros síntomas de decaimiento. Estos síntomas incluyen una notable pérdida de masa foliar y la aparición de necrosidades y quemaduras en las puntas de las hojas. Paralelamente, el suelo ha experimentado un descenso significativo de su pH, lo que ha propiciado la acción del aluminio, un elemento altamente tóxico para las plantas.
El informe de la UPV también añade un dato crucial: en las parcelas donde no se aplicaron lodos, el desarrollo del cultivo es completamente normal. Esto refuerza la hipótesis de que los lodos son la causa directa del daño. Además, los análisis de los restos de lodos encontrados en el suelo revelaron la presencia de compuestos orgánicos persistentes, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Estos compuestos son conocidos por ser responsables de los efectos tóxicos observados en los cultivos de olivos y almendros afectados.
Ante esta situación, los propietarios afectados reclaman indemnizaciones que suman varios millones de euros por los cuantiosos daños ocasionados por los lodos suministrados por la empresa.
Claves del caso: Lodos, daños y futuro del agua
Abono con lodos | Residuos de depuradora tratados para su uso agrícola: Los lodos procedentes de las depuradoras tienen como destino principal la fertilización de suelos, la incineración o el depósito en vertederos controlados. En principio, el uso agrícola de lodos es una práctica adecuada, ya que aporta nutrientes esenciales al suelo a largo plazo. No obstante, es imprescindible que estos lodos sean sometidos a tratamientos exhaustivos para reducir la presencia de microorganismos patógenos y metales pesados, los cuales podrían llegar al ser humano a través de la cadena alimenticia.
Daños en el cultivo | La producción de olivos y almendros disminuye un 80%: La alarmante merma en la cosecha y la constatación de daños irreversibles en el arbolado ha sido el catalizador para que los propietarios investiguen a fondo las causas.
En un contexto más amplio, la gestión del agua y su reutilización cobran una importancia capital. La comisión permanente del Congreso de los Diputados ha aprobado proyectos destinados a la reutilización de aguas residuales de depuradoras en Alicante, así como de caudales almacenados durante episodios de lluvias torrenciales en Torrevieja y Orihuela Costa. Estas actuaciones, calificadas por el Gobierno central como "prioritarias", se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El primer proyecto, con una inversión de 180 millones de euros, tiene como objetivo abastecer con 20 hectómetros cúbicos de agua reutilizada a más de 30.000 hectáreas de cultivo en las comarcas de l'Alacantí, Baix Vinalopó y Vega Baja. Para ello, se aprovechará la totalidad de los caudales depurados que actualmente se vierten anualmente al mar. En cuanto al almacenamiento y reutilización de aguas pluviales de Torrevieja y Orihuela Costa, destinadas al riego agrícola de 5.000 hectáreas en el Campo de Salinas (San Miguel de Salinas y Orihuela), la inversión asciende a 44 millones de euros, con una estimación de obtener 8 hectómetros cúbicos anuales.
Se prevé que la ejecución de todos estos planes de obra, que se están ultimando con el Ministerio para la Transición Ecológica y cuentan con financiación de los Fondos de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, concluya en el año 2027.
Sin embargo, los agricultores han instado al Gobierno a acometer también las obras de instalación de las tuberías necesarias para transferir estos caudales hasta las redes de distribución de riego. En el caso de las aguas de las depuradoras alicantinas de Rincón de León y Monte Orgegia, que se almacenarán en 13 balsas, se requiere que la conexión gestionada por Riegos de Levante no se limite a la pedanía ilicitana de Torrellano, sino que se extienda hasta el pantano de Crevillent. Por lo que respecta a los tanques de tormentas de la Vega Baja, tampoco existe una conectividad adecuada. Las tuberías deben instalarse desde Torrevieja, siguiendo un trazado interior de la comarca hasta Orihuela, en sentido opuesto a la circulación del agua del trasvase Tajo-Segura. Ambas solicitudes han sido presentadas por Asaja-Alicante a los responsables del Ministerio para la Transición Ecológica, quienes, al parecer desconocían esta problemática, se han comprometido a incluir la ejecución de ambas obras mediante una ampliación del proyecto.
fertilización con lodos de depuradora
La urgencia de la infraestructura hídrica
José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, calificó la situación de disponer de agua sin la infraestructura de transporte como "un coche sin ruedas, no sirve de nada". Este fue uno de los temas abordados durante una reciente reunión en Madrid con el director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodoro Estrela, y el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Andreu destacó la "absoluta predisposición" del Gobierno central a subsanar esta carencia.
La fase inicial del proyecto denominado "vertido cero" arrancará en breve. En el caso de las actuaciones en la depuradora de Rincón de León, la licitación del proyecto y la obra está a punto de aprobarse, mientras que en el caso de Monte Orgegia, el documento se encuentra en una fase muy avanzada.
Roger Llanes, secretario autonómico de Agricultura, considera que "esa inyección adicional tan importante de recursos hídricos no solo va a garantizar la pervivencia de la agricultura de la zona, sino que supondrá también su potenciación de cara al futuro". Paco Candela, secretario autonómico de Emergencia Climática y Transición Ecológica, añadió que el precio del agua reutilizada que llegará a los cultivos de la comarca de l'Alacantí, tras la ejecución de esta iniciativa, será sensiblemente inferior al que los regantes pagan actualmente por el agua obtenida de pozos o de los trasvases del Júcar-Vinalopó o Tajo-Segura.
"Vertido cero": Optimización de recursos hídricos
Las complejas actuaciones que se llevarán a cabo en el tramo de caudales que se nutren de las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia incluyen mejoras significativas en la capacidad de tratamiento de las depuradoras de la ciudad de Alicante. El objetivo es acometer los procesos necesarios para reducir la conductividad (composición salina) del agua depurada, asegurando que llegue a los regantes con la máxima calidad posible.
El secretario autonómico de Agricultura ha afirmado que "la puesta en marcha de estos trabajos reafirma el compromiso del Consell con los regantes de la zona y supone una apuesta de gran calado que nos permite optimizar los recursos hídricos disponibles y su aprovechamiento máximo en beneficio de la agricultura, cumpliendo así todos los criterios de nuestra política ambiental de 'vertido cero' y proporcionando a la agricultura un agua de excelente calidad a un precio asequible".
Efluentes depuradoras: Un recurso valioso, bajo escrutinio
Los efluentes de las plantas depuradoras de aguas residuales se han convertido, gracias a los avances en tratamientos y la mejora de sistemas, en un recurso seguro y de condiciones óptimas para la agricultura. Sara Rubira, consejera de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia, ha defendido la eficacia en el uso de los recursos hídricos y la sostenibilidad del campo murciano en el marco del Día Mundial del Agua. Durante su intervención en una asamblea de la Comunidad de Regantes de Lorca, denunció las "amenazas" que afronta el sector para 2027, derivadas de los posibles recortes en el trasvase Tajo-Segura y en el uso de agua de pozos.
Rubira alertó sobre el futuro del sector agrícola si se confirman los planes del Ejecutivo central. "Quedan 285 días para que se cumplan la amenaza del Gobierno de España de recortar el trasvase Tajo-Segura y el agua de los pozos subterráneos", afirmó la consejera. En este sentido, recordó que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ya ha solicitado formalmente al Gobierno central que pida en Bruselas una prórroga para el uso de las aguas subterráneas, con el objetivo de "que no se cierren los pozos hasta que haya una alternativa de agua viable para los agricultores".
Eficiencia y tecnología: Pilares de la agricultura moderna
Durante su discurso, Rubira puso en valor el esfuerzo de los agricultores murcianos en la modernización de regadíos y la tecnificación. Destacó que su departamento apoya esta transición con ayudas, como los 12 millones de euros destinados a comunidades de regantes para instalar plantas fotovoltaicas flotantes, una medida que beneficiará a más de 43.000 regantes con un importante ahorro en costes energéticos. La consejera también subrayó que en Murcia se depura el 99% de las aguas residuales urbanas y que estas se reutilizan, lo que permite ofrecer a los regantes 120 hectómetros cúbicos al año, "dando al agua una segunda vida".

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