La gestión de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires ha sido, a lo largo de décadas, un reflejo de las dinámicas políticas y económicas del país, marcada por la presencia dominante de ciertas empresas y la complejidad de los contratos que rigen un servicio esencial. Entre estas empresas, Manliba, vinculada al Grupo Macri, ocupó un lugar protagónico desde la dictadura militar hasta finales de la era menemista, operando bajo sucesivos contratos que, según análisis, se volvieron cada vez más onerosos para el Estado.
El Legado de Manliba y la Dictadura: Un Nuevo Escenario para la Basura
El inicio de la intervención de Manliba en la recolección de residuos se remonta a la dictadura militar, específicamente a partir de la asunción del Brigadier Osvaldo Cacciatore como Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA) en 1976. Este período marcó un drástico operativo de "limpieza" que abarcó la recolección de residuos, la limpieza de veredas y la eliminación de basurales a cielo abierto. En este contexto, a mediados de 1977, se reestructuró el manejo de la basura a escala metropolitana con la creación del Cinturón Ecológico, mediante un convenio entre la MCBA y la Provincia de Buenos Aires. El objetivo era resolver el tratamiento final de los residuos no solo de la Capital Federal, sino también del Conurbano, a la vez que se buscaba ampliar la superficie de espacios verdes y vías de circulación. El ideólogo de este plan fue Guillermo Laura, Ministro de Obras Públicas convocado por Cacciatore.
En ese tiempo, el municipio porteño dependía políticamente del gobierno nacional. Ese mismo año, se firmó un convenio con el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) para llamar a Licitación Pública Internacional de los servicios de recolección de residuos domiciliarios. Hasta 1976, operaban en Buenos Aires 94 hornos de usinas municipales. A partir de ese año, por argumentos sanitarios, Cacciatore sancionó una Ordenanza para prohibir el uso de incineradores domiciliarios y obligó a la compactación de la basura en edificios de más de cuatro pisos y con más de veinticinco unidades de vivienda. La motivación de frenar el cirujeo y ordenar la gestión de la basura se hizo evidente cuando la MCBA resolvió que las cenizas, el polvo y las escorias de los hornos crematorios sirvieran para rellenar los terrenos bajos del antiguo Bañado de Flores.
Como primera medida, se demolieron las tres usinas municipales para construir estaciones de transferencia. Paralelamente, comenzó el saneamiento del depósito de cenizas y basura porteña para luego implantar el actual Parque Roca en la zona del antiguo Bañado de Flores. La infraestructura para el manejo de residuos se expandió significativamente con la inauguración del primer relleno sanitario en Bancalari, seguido por los de Villa Domínico, González Catán (1979) y Ensenada (1982). Este nuevo dispositivo institucional y tecnológico para la gestión de la basura facilitó un circuito mercantil de alta valoración económica para corporaciones empresariales.
El contrato con Manliba se firmó en octubre de 1979, estableciendo una concesión por 10 años. La empresa, integrada por Impresit Sideco SACIIF del Grupo Macri y la estadounidense Waste Management, se hizo cargo del 50% de la superficie porteña, abarcando 12.000 cuadras. Para esa época, Buenos Aires generaba un millón de toneladas de residuos anuales, y a Manliba se le pagaba U$S 45 por tonelada. La estrategia de privatización de servicios públicos se impulsó, buscando reducir el personal municipal. La municipalidad porteña contaba con cerca de dos mil agentes afectados a la gestión de residuos. Manliba, para afianzar su imagen, ensayó un distintivo logotipo que combinaba formas geométricas con la idea de movilidad y frescura. La exportación de residuos capitalinos a la Provincia de Buenos Aires se consolidó como una nueva expresión de las políticas, con el CEAMSE coordinando ambas jurisdicciones y facilitando la orientación de la MCBA de "expulsar todo lo que pudiera ser fuente de problemas".
El Plan de Autopistas y su Impacto Urbano
Paralelamente a la reestructuración del sistema de residuos, la dictadura militar impulsó un ambicioso y polémico plan de autopistas urbanas, ideado también por Guillermo Laura. Este plan, iniciado en 1977, implicó la expropiación masiva de inmuebles, afectando principalmente a sectores de clase media baja. La construcción de la Autopista Sur (luego 25 de Mayo) y la Autopista Perito Moreno atravesó zonas densamente pobladas. El proceso de expropiación se gestionaba a través del Comité de Adquisición de Inmuebles (CAI), que promediaba tasaciones inmobiliarias para determinar el pago indemnizatorio.
El plan de autopistas encontró resistencia en la comunidad profesional, especialmente en el Centro Argentino de Ingenieros y la Sociedad Central de Arquitectos, quienes cuestionaron la cantidad de inmuebles a demoler y los argumentos urbanísticos y estéticos. Sin embargo, la velocidad y el carácter intempestivo de la acción gubernamental jugaron a favor del plan, que comenzó a tomar forma antes de que se articulara una oposición organizada.
Las autopistas, concebidas como "arterias" para la circulación vehicular, transformaron la fisonomía de la ciudad, reduciendo el espacio público a una escenografía de movimiento. El plan original contemplaba nueve autopistas, pero solo se construyeron tramos de cinco: la 25 de Mayo, la Perito Moreno, la 9 de Julio (parcialmente) y la Occidental (parcialmente). Los problemas financieros derivados de procesos judiciales de "expropiación inversa", donde los propietarios afectados no podían vender sus inmuebles ni realizar mejoras, resultaron catastróficos para el arca comunal y obligaron a paralizar parte del plan.
El libro "Merecer la ciudad" de Oscar Oszlak analiza estas políticas públicas, marcando un desplazamiento de la geografía urbana de sectores populares y evidenciando una concepción sobre el lugar de los distintos grupos sociales en el espacio público. La historia cultural urbana, desde enfoques que privilegian las "representaciones" sobre la ciudad, también ha abordado estos temas, contrastando ideas y prácticas en la plasmación de proyectos y planes urbanos.
La Era Menemista y la Continuidad de las Concesiones
Durante la década de 1980 y la era menemista, la gestión de la basura continuó bajo esquemas de concesión. En 1986, Cliba entró en el negocio, y las cifras de generación de basura variaron al compás de las crisis económicas, alcanzando un récord absoluto de 1.111.000 toneladas anuales en 1994. En 1989, el intendente Carlos Grosso renegoció el contrato con Manliba, aprobando un pago de 58 millones de dólares por la aplicación del desagio durante el Plan Austral. En 1992, Manliba amenazó con cortar el servicio si no se le pagaba una deuda de 54 millones de dólares, generando una crisis que generó ecos de huelgas de servicios públicos en otros contextos políticos. El sucesor de Grosso, Saúl Bouer, también renegoció el contrato con Manliba.
El contrato con Manliba, inicialmente firmado en 1979 por 10 años, fue renegociado en diversas ocasiones. En 1997, se llamó a una nueva licitación, dividiendo la ciudad en cuatro zonas adjudicadas por cuatro años a Cliba, AEBA, Solurban y Ecohábitat, con el objetivo de ahorrar 40 millones de pesos anuales. Sin embargo, las prórrogas a los contratos existentes, como los de Manliba y Cliba, continuaron siendo una práctica habitual, implicando desembolsos cercanos a los 200 millones de pesos cada temporada.
El Siglo XXI: Nuevas Licitaciones y Contenedores "Inteligentes"
La última licitación importante se realizó en junio de 2004, adjudicando las concesiones a Cliba, Aesa, Urbasur, Integra y Níttida, con pagos mensuales por área limpia que ascendían a $24.648.502. Para 2008, se pagaban 700 millones de pesos anuales. Los consorcios Roggio/Ormas, Sitaba, Impsa y Habitar se preadjudicaron el servicio en cuatro de las cinco zonas divididas. Manliba, que operaba desde 1980, quedó fuera del negocio en las zonas más importantes, siendo superada por Cliba, del grupo Roggio.
El nuevo proceso de licitación implicó concesiones por 10 años y una inversión anual de 3.000 millones de pesos. Se introdujo el concepto de "zona boutique" para el Microcentro, buscando servicios al estilo de grandes ciudades europeas y requiriendo inversión en modernización tecnológica.
En 2016, el macrismo generó polémica al instalar contenedores "inteligentes" en la Avenida Corrientes, que se abrían con una tarjeta magnética, con el argumento de evitar que las personas buscaran comida o rebuscadores accedieran a ellos. Esta medida, sin embargo, fue criticada por su clasismo y por ignorar la realidad de miles de personas que dependen de la recolección informal de residuos. La situación de los cartoneros, que en la Ciudad de Buenos Aires suman alrededor de 10 mil, se volvió aún más precaria, mientras las empresas concesionarias continuaban obteniendo ganancias millonarias a través de sobreprecios y contratos.
El análisis de la generación de basura, con 620.000 toneladas anuales en 1980, llegando a un récord de 1.111.000 toneladas en 1994, y actualmente recolectando 5.000 toneladas diarias, ofrece una valiosa radiografía de los hábitos de consumo y la evolución de la ciudad. La comparación con otras metrópolis, como la Ciudad de México (14.000 toneladas diarias) y San Pablo (12.000 toneladas diarias), pone en perspectiva la escala de la problemática. En Argentina, la producción de basura por habitante y por día se estima en 1,3 kilos.
La historia de Manliba y la gestión de la basura en Buenos Aires es un complejo entramado de concesiones, renegociaciones, intereses empresariales y políticas públicas que, a lo largo de las décadas, han marcado el paisaje urbano y la vida de sus habitantes.